Protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Se ha publicado la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, transponiendo la Directiva (UE) 2019/1937, más conocida como Directiva Whistleblowing, que entrará en vigor el próximo 13 de marzo.
La principal novedad es que establece la obligación para empresas con 50 o más personas trabajadoras de implantar un sistema de información, a la vez que se garantiza la protección de las personas que informan. Las empresas tienen plazo para adoptar nuevos sistemas de información y coordinar estos canales con otros protocolos, códigos y políticas internas que puedan tener.
Las principales notas son:
Las empresas de más de 50 personas trabajadoras tendrán que implantar un sistema interno de información, que deberá cumplir con una serie de requisitos para asegurar privacidad y efectividad.
Las empresas deberán dar publicidad, visibilidad y accesibilidad máximas a ese sistema interno de información.
Se presumirá represalia cualquier medida que se adopte respecto a un informante.
La investigación de las informaciones recibidas tendrá una duración máxima de 3 meses, ampliable a 6 meses en casos de excepcional complejidad.
El plazo para la implantación del sistema para las empresas de más de 249 trabajadores es de 3 meses desde el 13 de marzo, hasta el 13 de junio; y hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores.