La Unión Europea aprueba la primera Ley de Inteligencia Artificial del mundo. Repasamos los principales aspectos de esta nueva normativa.

La Unión Europea se convierte en la primera región del mundo en regular de forma completa los usos de la Inteligencia Artificial (IA). Después de tres días de intensas y duras negociaciones, casi en la medianoche del viernes al sábado se alcanzó un acuerdo provisional, un texto final que todavía deberá ser ratificado antes de entrar en vigor, previsiblemente a finales de 2026, aunque algunas partes empezarán a funcionar antes. Esta nueva normativa, enfocada en el concepto de riesgo, define las obligaciones y normas por las que deberá regirse una tecnología que está aquí para quedarse y que está transformando completamente la vida diaria, pero que conlleva tantas posibilidades como riesgos, muchos de ellos ni siquiera aún imaginables.

Desde la primera propuesta de ley, surgida en la primavera de 2021, Europa ha defendido la idea de regular los posibles usos de la tecnología en base a su potencial peligrosidad, y no la tecnología como tal. Se trata de una idea ampliamente compartida por académicos y científicos.

En función del nivel de riesgo derivado del uso de esta tecnología, la Unión Europea ha dividido los usos de la IA en cuatro grupos diferentes:

• Riesgo inaceptable
• Alto riesgo
• Riesgo limitado
• Riesgo mínimo o nulo

Partiendo de esta clasificación, cabe señalar que los sistemas de IA de riesgo inaceptable quedan completamente prohibidos. Ejemplo de ellos pueden ser los sistemas que puedan ser empleados para manipular el comportamiento de las personas, las soluciones de puntuación social en base a creencias o etnia, las herramientas de reconocimiento de emociones en el ámbito laboral y educativo y la vigilancia policial predictiva, en algunos casos.

Por su parte, los sistemas de IA de alto riesgo, aplicados, por ejemplo, al transporte o al acceso a la educación o a un trabajo, deberán cumplir con una serie de requisitos y obligaciones para poder operar en suelo comunitario.

En cuanto a los sistemas clasificados con un riesgo limitado, estos deberán cumplir, simplemente, con obligaciones de transparencia.

Por último, los sistemas considerados de riesgo mínimo o nulo, como los videojuegos, no estarán sujetos a ninguna obligación.

Uno de los principales escollos a la hora de negociar esta nueva normativa ha sido el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de gobiernos y autoridades policiales. Mientras que había voces que se alzaban a favor de permitir su uso en casos concretos, otros se mostraban radicalmente en contra de su aplicación, de forma general, por considerar que la privacidad de la ciudadanía debe primar sobre la seguridad.  Finalmente, la Unión Europea ha decidido permitir el uso de reconocimiento facial en espacios públicos por parte de las autoridades policiales, si bien siempre bajo aprobación judicial y para casos muy concretos, como la lucha contra el terrorismo o la búsqueda de sospechosos de haber cometido algún delito grave.

Otro aspecto que ha causado división ha sido la regulación específica de la inteligencia artificial generativa; es decir, herramientas o aplicaciones como ChatGPT y similares. Con relación a esta concreta tecnología, la Unión Europea señala que deberá ser transparente sobre su funcionamiento. Por ejemplo, aplicaciones es esta índole deberán marcar sus resultados para que se sepa que proceden de una máquina y las empresas que hay detrás deberán compartir información sobre el proceso de entrenamiento y sobre el uso de datos sujetos a derechos de autor. Además, la Unión Europea creará una nueva Oficina de la IA que tendrá por objeto supervisar el funcionamiento de este tipo de soluciones.

Se prevé que la nueva normativa europea sobre Inteligencia Artificial entre en vigor en 2026, dentro de dos años. Se trata, en opinión de algunas voces críticas, de un tiempo excesivo, teniendo en cuenta el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. En cuanto al aspecto punitivo de la ley, destacar que la infracción de esta nueva normativa conlleva multas que pueden ascender hasta el 7% de la facturación anual de las empresas de desarrollo.

Por el momento, este avance legal es recibido en general con satisfacción y alivio ante una realidad innegable y presente ya en nuestra vida cotidiana, en mayor o menor medida. Se logra así un primer acuerdo con el fin de establecer un equilibrio extremadamente delicado, como es el impulso de la innovación y la adopción de la inteligencia artificial en toda Europa, respetando plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.