
La factura electrónica obligatoria entre empresas ya tiene reglamento
El Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales (B2B) en España y concreta buena parte del marco previsto en la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas.
Reglamento facturación electrónica
La norma tiene una finalidad clara: no solo avanzar en la digitalización empresarial, sino también mejorar el control de la morosidad comercial, permitiendo seguir de forma trazable todo el ciclo de la factura, desde su expedición hasta su pago efectivo.
El nuevo sistema se articulará a través de plataformas privadas de intercambio y de una solución pública de facturación electrónica gestionada por la AEAT. Incluso cuando se utilicen operadores privados, la norma prevé la remisión de una copia fiel de la factura a la solución pública, con el objetivo de facilitar el seguimiento de los plazos de pago.
Uno de los aspectos más relevantes del reglamento es la obligación de informar sobre determinados estados de la factura, especialmente su aceptación o rechazo y el pago efectivo completo, con plazos concretos de comunicación. De este modo, la Administración podrá disponer de información útil para monitorizar los pagos entre empresas y profesionales.
Desde el punto de vista técnico, el real decreto insiste en la interoperabilidad entre plataformas, la utilización de formatos estructurados y el cumplimiento de determinados requisitos de seguridad y conexión, evitando que el sistema dependa de soluciones cerradas o incompatibles entre sí.
Conviene subrayar que, aunque el real decreto ya ha sido aprobado, su aplicación efectiva no será inmediata, ya que queda vinculada a la futura orden ministerial que regulará la solución pública. Desde la entrada en vigor de esa orden, la obligación será exigible a los 12 meses para quienes superen los 8 millones de euros de volumen de operaciones y a los 24 meses para el resto.
En definitiva, la factura electrónica B2B deja de ser una simple medida de modernización administrativa para convertirse en un auténtico instrumento de control, transparencia y disciplina en los pagos comerciales. Las empresas harían bien en anticiparse y revisar desde ahora sus procesos de facturación, recepción, validación y pago.