El Constitucional anula el impuesto de plusvalía municipal

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado esta pasada semana una sentencia, de 16 de febrero de 2017, declarando inconstitucional parte de las normas del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal) en el caso de que no haya habido objetiva y realmente un incremento, sino una disminución del valor de los terrenos.

Esta sentencia se refiere a un supuesto concreto pero el Tribunal Constitucional tiene pendiente más resoluciones sobre este impuesto.

En este tema ya habíamos alertado a clientes y habíamos presentado recursos a las liquidaciones giradas por los Ayuntamientos, ya que considerábamos que este impuesto objetivo estaba grabando injustamente unas plusvalías que con la crisis no se habían producido.

La sentencia considera nulo parcialmente el impuesto porque es su opinión “carece de toda justificación razonable” el hecho de que deba pagarse el impuesto, aunque el valor de los terrenos no se haya incrementado, o incluso cuando estos hayan perdido valor, señala que el tributo no debe aplicarse cuando el titular de la vivienda la venda a un precio inferior al que pagó por ella.

No se podrá crear impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia y la sentencia

Pasos a seguir

Todos aquellos que en los últimos 4 años hayan vendido un inmueble y hayan liquidado el impuesto tienen la opción de recuperar el importe, para ello recomendamos los siguientes pasos, siendo recomendable asesorarse:

1- Presentar escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos (ante el Ayuntamiento recaudador).

2- Esperar la contestación y en caso de ser denegatoria recurrir en reposición y, después, en su caso, reclamar al Tribunal Económico Administrativo municipal, agotando la vía Administrativa.

3- Si no se ha decretado la devolución del dinero, a partir de ese momento, se abre vía judicial. El plazo es de dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia.

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